Grandes Noticias > General

Vicentín es la gran estafa

 

La Corte de Santa Fe rechazó la revocatoria solicitada por Vicentin al avocamiento del caso.

Los magistrados avalaron la decisión del presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, pero el tribunal no resolvió la cuestión de fondo, que es el avocamiento dispuesto a mediados de junio pasado.

Según la resolución adoptada el martes en un acuerdo del cuerpo, los jueces Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi, Daniel Erbetta y Mario Netri rechazaron el pedido de revocatoria al avocamiento –una suerte de per saltum- presentado por Vicentin.

El fallo señala que, de esa manera, deja “sin efecto la suspensión el trámite de avocación”, a la vez que corre vista al Procurador General sobre el planteo formulado el 16 de junio pasado por Gutiérrez, el presidente de la Corte.

Aquel día, a dos semanas de la finalización del período de exclusividad del concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin, Gutiérrez firmó un decreto por el cual apartó el expediente al juez civil y comercial Fabián Lorenzini, y planteó el avocamiento de la Corte al caso.

La decisión fue adoptada a raíz de un planteo de los abogados del Commodities (perteneciente al Grupo Grassi, uno de los principales acreedores comerciales de Vicentin), quienes señalaron una serie de presuntas irregularidades cometidas por el juez en el concurso por una deuda de U$S1.500 millones.

El decreto de Gutiérrez también suspendió los plazos procesales, por lo que Vicentin no pudo seguir adelante con su acuerdo de pago, para el cual anunció que tiene las mayorías de acreedores y capital exigidas por la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ).

Ese acuerdo no cuenta con el aval del principal acreedor, el Banco Nación (BNA) ni de otros acreedores comerciales, que cuestionaron su presunto carácter “abusivo” porque implica una quita del 80% de la deuda original y un pago en 12 años.

Ahora, tras el rechazo del pedido de revocatoria de Vicentin, la decisión de Gutiérrez para que la Corte de avoque al caso, pasó al Procurador del máximo tribunal, que deberá dictaminar al respecto, dijeron a Télam voceros judiciales.

Luego, el máximo tribunal deberá resolver si acepta el decreto del presidente del cuerpo o lo rechaza, y en ese caso el expediente volvería al juez natural, Lorenzini.

Sí, en cambio, acepta avocarse al caso, deberá analizar los pormenores de una megacausa para resolver si el juez incurrió en irregularidades y, tal caso, podría girarle el concurso a otro juzgado.

En cualquier caso, los tiempos judiciales jugarán en contra del objetivo de la agroexportadora de cerrar prontamente el acuerdo de pago con sus acreedores.

 ¿Cómo sigue el juicio?

Las indagatorias a los 14 directivos de la compañía al momento de los hechos investigados -algunos ya no forman parte del directorio- se iniciarán el 1 de noviembre próximo y se extenderán hasta el 20 de diciembre. El perjuicio al Estado asciende a $111.637.479. 

Entre los citados a indagatoria se encuentran Daniel Buyatti, Alberto Macua, Sergio y Pedro Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Roberto Gazze y Martin Colombo.

Los mencionados fueron imputados en octubre del año pasado por el fiscal de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno, por presuntas estafas y defraudación por un monto de U$S 500 millones, en el marco del concurso preventivo de la aceitera santafesina.

La denuncia de la AFIP, ampliada en abril de 2021, pedía investigar una supuesta maniobra fraudulenta detectada gracias al trabajo conjunto de las distintas áreas especializadas del organismo durante una fiscalización realizada sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019, durante el gobierno del presidente Mauricio Macri.

La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 proveedores considerados apócrifos.

La fiscalización de la AFIP constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los $111,6 millones entre 2016 y 2019.

El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería, señalaron fuentes judiciales.

De esta forma, las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real.

Los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos, añadieron los voceros.