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Deberían darle licencia al intendente de Funes?
Tras la denuncia de su mujer y la visita de Ana Rosenfeld; el intendente de Funes no sabe cómo salir del tema. En realidad si, de manera momentánea, pagando a los medios para que no hablen del tema.
Sobre las denuncias de su exesposa, por violencia de género, que incluyeron acusaciones por agresiones verbales e intimidaciones, sustracción de dinero familiar, Santacroce niega que exista una causa por violencia de género, quiere tapar una denuncia con una declaracion en medios alineados a la pauta funense, pero lo peor es que se alinean a una persona denunciada por violencia de género.
En ese sentido, atribuyó la trascendencia del tema y la llegada de Rosenfeld a una operación política orquestada por sus adversarios. “Yo sé que hay un sector del peronismo residual, esta basura que nos gobernó durante muchísimo tiempo en Argentina y tanto daño nos hizo y acá en la provincia de Santa Fe, que los tengo bien identificados, que fueron los que armaron todo esto”, sostuvo el intendente funense, declarando en un medio que recibe una pauta bastante elevada.
Así este penoso funcionario es avalado por medios subordinados por la pauta que los favorece, donde él declara, "si es en el ámbito privado, no afecta su función" y no señor claramente no es así; por más que sea en el ámbito privado debería estar licenciado hasta resolver su situación de denunciado por violencia de género.
El tambaleante intendente de Funes, tras la denuncia de violencia, decimos tambaleante tanto porque no sabe dónde está parado? con quién aliarse? de qué partido es el mismo? y sobre todo aferrándose al cargo, ya que la ley si así lo requiere, debería ser licenciado del cargo de intendente, hasta aclarar lo sucedido, como cualquier funcionario público.
Con semejante denuncia el intendente mancha a quien se pare al lado. Más aún al no dejar el cargo para ser investigado por la justicia; pero estamos en un país que la justicia está pasando por un estadio borroso y poco claro.
Así te lo explican legalmente: La violencia de género en el ámbito privado puede conllevar sanciones graves, incluyendo la cesantía o exoneración del empleado público, conforme a jurisprudencia que considera el hecho incompatible con la función pública.
