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La justicia en manos de los acusados?
El futuro de los jueces que llevan adelante la causa de las coimas del 3%, estan en manos del gobierno
Una de las causas que más preocupa en la Casa Rosada e involucra a Karina Milei depende de dos jueces cuyo futuro definirá el gobierno. Se trata del caso en que se investiga una “enorme trama de corrupción” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conocido como “Coimagate”. El expediente está en manos del juez Ariel Lijo, quien el último jueves ordenó que la Gendarmería Nacional realice un peritaje para determinar la veracidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el íntimo amigo de Javier Milei que conducía ese organismo hasta que estalló el escándalo. La decisión del magistrado fue en un incidente donde se discute la nulidad de la causa y es un claro gesto hacia el Poder Ejecutivo porque embarra el devenir del proceso. Los audios nunca se utilizaron como prueba en el caso.
Lijo es el juez que fue propuesto por el presidente Javier Milei para la Corte Suprema pero que no logró apoyo del Senado para acceder al máximo tribunal del país. Hoy suena como posible candidato a la Procuración General de la Nación. Es el mismo que también tiene a su cargo la causa en que se investiga si el jefe de gabinete Manuel Adorni se enriqueció ilícitamente, entre otras.
Esto no es todo. En la revisión de la causa ANDIS interviene la sala II de la Cámara Federal porteña, que integra el camarista Martín Irurzun, quien está a la espera de que el Presidente le extienda su mandato este año en el tribunal de alzada de Comodoro Py. Los tiempos corren: Irurzun cumple 75 años a mediados de este 2026 y si el Ejecutivo no pide al Senado la prórroga de 5 años como hizo con Carlos Mahiques deberá dejar su cargo y jubilarse. Irurzun junto a Roberto Boico fue quien había ordenado el 4 de diciembre pasado que se establezca la veracidad de los audios de Spagnuolo que ahora replicó Lijo.
El antecedente del camarista laboral Víctor Pesino, premiado por fallar a favor de la reforma laboral, provoca todo tipo de suspicacias en el mundo político-judicial. Es que apenas 24 horas después de revocar un fallo de primera instancia que frenaba la aplicación de la Ley de Modernización Laboral, el gobierno postuló que Pesino continúe en su cargo por un nuevo período de cinco años. Si el Ejecutivo no lo hacía este camarista debía jubilarse porque al igual que Irurzun cumple 75 años y llega a la edad límite para ejercer la magistratura según lo establece la Constitución.
“A partir de los lineamientos dispuestos por la Sala II de la Cámara de apelaciones del fuero el día 4 de diciembre de 2025 en el marco del incidente de nulidad Nº 2, encomiéndese a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina la realización de un estudio pericial tendiente a corroborar –conforme fue ordenado por el Superior- el origen y la veracidad de los audios que se le atribuyen a Diego Orlando Spagnuolo y que fueran aportados oportunamente a la fiscalía instructora por el periodista Mauro Federico”, escribió Lijo en la resolución a la que accedió El Destape. Y agregó: “En el marco de dicho peritaje se deberá arbitrar los medios necesarios para establecer si los audios fueron objeto de algún tipo de adulteración y/o edición por medio de inteligencia artificial o cualquier otro método similar”.
La orden es una invitación a embarrar el caso porque esas grabaciones no fueron utilizadas por el fiscal Franco Picardi ni el juez Sebastián Casanello a la hora de dictarse los 19 procesamientos que ya tiene el caso (y en el que se están cursando 35 nuevas indagatorias). Tampoco parece azaroso designar a la Gendarmería para realizar el estudio: se trata de una fuerza cuestionada para este tipo de tareas luego de su labor en el caso Nisman y por la vinculación de su cúpula con la exministra Patricia Bullrich.
