El 9 de febrero de 1975, 1.500 soldados al mando del general Acdel Vilas desembarcaron en Tucumán con una orden firmada cuatro días antes por María Estela Martínez de Perón: "aniquilar el accionar de los elementos subversivos". 51 años después, los sobrevivientes y herederos de aquella tropa volverán a marchar por San Miguel de Tucumán, pero esta vez no entre cañaverales sino en el Parque 9 de Julio, con banda militar, palco de autoridades y aplausos. Por primera vez desde 1983, quienes reivindican haber "combatido a la subversión" antes y durante la dictadura tendrán su lugar en el desfile oficial de una fiesta patria.
El dato no figura todavía en ninguna gacetilla oficial sino que lo confirmaron fuentes de la propia "familia militar", con el orgullo indisimulable de quien anuncia que por fin llegó la invitación que esperó cuarenta años. El desfile de los "veteranos", que hasta hace una década hubiera provocado un terremoto político, se cuela así casi en silencio entre los preparativos de la celebración de los 210 años de la independencia. Sin embargo, ello es producto del azar ni de la desidia organizativa sino que es la coronación de un paciente trabajo de lobby de la agrupación "Pañuelos Negros" que lidera Asunción Benedit de Lacal Montenegro y de la constelación de organizaciones nucleadas bajo el paraguas de Unión de Promociones, que desde la asunción de Javier Milei vienen recogiendo, gesto a gesto, aquello que el presidente y su vice les prometieron en campaña.
Las fiestas patrias en tiempos de motosierra
El 9 de julio de 2024 fue el pico de la luna de miel castrense: tras la firma nocturna del Pacto de Mayo en la Casa Histórica de Tucumán, Milei encabezó en Buenos Aires el desfile más grande en años. Por la avenida Del Libertador marcharon casi siete mil efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y las fuerzas federales, con tanques, aviones y regimientos históricos, ante un público que coreaba el nombre del presidente y excombatientes que le acercaban regalos.
Las fotos de esa jornada fueron dos: Milei y Victoria Villarruel saludando juntos, sonrientes, trepados a un tanque de guerra —que fue, vale decirlo, una de las últimas fotos de la pareja presidencial en armonía—, y la de los aviones de guerra sobrevolando sobre sus cabezas.
Lo que el público que aplaudía no sabía es que esa segunda foto escondía una tragedia en gestación. Aquel 9 de julio de 2024, más de sesenta aeronaves volaron sobre las cabezas de miles de ciudadanos, del presidente, de la vice, de la hermana presidencial y hasta del jefe de gobierno porteño. Una de ellas era un McDonnell Douglas A-4AR Fightinghawk, la versión modernizada de los A-4 Skyhawk que se volvieron míticos en Malvinas, comprada a Lockheed Martin a fines de los noventa y considerada obsoleta al menos desde 2016. Los antecedentes no eran un secreto: en agosto de 2020, el capitán Gonzalo Britos Venturini —34 años, egresado con el mejor promedio— murió tras una maniobra de eyección en uno de los últimos cinco cazas operativos de una flota de doce, y según admitió un brigadier, en casi cuarenta años un centenar de estas naves quedó fuera de servicio por desprogramación o accidentes. Nada de eso impidió que el entonces jefe de la Fuerza Aérea, Xavier Isaac, declarara en 2023 que quería ver "cientos" de esos aviones surcando los cielos. Los vio, al menos, sobrevolar la Avenida Del Libertador.
No había pasado una semana del desfile cuando la chatarra voladora se cobró su víctima. El 15 de julio de 2024, en la base de la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, San Luis, el capitán Mauro Testa La Rosa, de 33 años, entrenaba con un A-4AR: cuando la aeronave alcanzó unos cien metros de altura en el despegue, el avión prácticamente comenzó a desarmarse. Se desprendió el tubo de chorro, el fuselaje se cubrió de humo y el capitán maniobró para ganar altitud y darle al paracaídas tiempo de abrirse. Nada salió bien: las llamas alcanzaron la cabina, logró eyectarse, pero el fuego consumió el paracaídas, Testa La Rosa cayó al vacío y murió por politraumatismos.
Una primera investigación sugirió un "error humano" del muerto, hipótesis que una auditoría posterior descartó de plano: el piloto no cometió ningún error e intentó, sin éxito, salvar su vida en una nave que ya estaba condenada. El avión no tenía mantenimiento, estaba ensamblado con tuercas sin calibrar, no había repuestos y, aparentemente, se fraguaron pruebas técnicas y relevamientos para cargarle la responsabilidad al piloto. "Presidente Milei, quizás no lo sepa o se lo ocultaron: ya ha pasado un año desde que, el 15/07/24, pierde su vida el capitán Mauro Testa La Rosa en un avión A4 AR. La familia del piloto solo quiere la verdad", escribió la familia en una carta enviada en 2025 al presidente. Ni los brigadieres, ni el ministro Luis Petri, ni Milei dieron jamás explicación alguna.
Petri hizo algo más que callar: decidió sostener y promocionar esos aviones. Destinó 36 millones de dólares a su mantenimiento cuando ya se sabía que no servían para nada. Recién el 14 de mayo de 2026, dos años después, el comunicado del brigadier general Gustavo Valverde confirmó la baja definitiva de los A-4AR, con el aséptico argumento de priorizar "eficiencia operativa y sostenibilidad económica" y sin una palabra para Testa La Rosa. A la baja se sumaron los cinco Super Étendard comprados a Francia en 2018 durante la gestión de Macri, que jamás volaron por falta de repuestos, mientras la expectativa se traslada a unos F-16 también obsoletos, caros y aún sin armamento ni mantenimiento, y la Fuerza Aérea pagaba 4.085.000 dólares —casi el doble de lo que ofrecía la competencia— por un Embraer usado con corrosión y pérdidas de aceite, en una licitación exprés que favoreció a Regional One Inc. y ya está bajo denuncia judicial. El saldo de aquella fiesta de 2024 es elocuente: los aviones que rugieron sobre la cabeza del presidente eran naves condenadas, y hoy el país no tiene flota aérea que custodie sus cielos.
Un año después no hubo tanques ni tribunas. En 2025 el gobierno nacional directamente no organizó el desfile: lo atribuyó a una "cuestión de tiempos". La posta la tomó Tucumán, que celebró con un desfile cívico-militar propio en el Parque 9 de Julio del que participaron más de 6.000 personas y 80 veteranos de Malvinas. Para 2026, la historia se repite agravada: por segundo año consecutivo la Casa Rosada no prevé el desfile nacional, en un contexto donde la Decisión Administrativa 20/2026 recortó cerca de 59.600 millones de pesos a las Fuerzas Armadas. La "motosierra" también pasó por el orgullo militar: no hay plata para mover tropas, aunque sí, como veremos, para mover símbolos.
El escenario del 9 de Julio de 2026 será entonces, otra vez, Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que cursó invitaciones formales tanto al presidente como a la vicepresidenta para la vigilia en la Casa Histórica y los actos oficiales, y que el desfile cívico-militar —más breve que otros años— formará parte de la agenda. "Tucumán no discrimina a nadie. Tucumán abre los brazos a todos los argentinos y argentinas que quieran visitarnos", dijo el mandatario provincial según Contexto Tucumán, una frase pensada para la interna Milei-Villarruel que, leída a la luz de la nómina de quienes desfilarán, adquiere una resonancia bastante más ominosa.
El laboratorio del horror
Para dimensionar lo que significa que los "veteranos" del Operativo Independencia marchen en el desfile oficial conviene repasar qué fue aquello. El 5 de febrero de 1975, el gobierno constitucional de Isabel Perón firmó el decreto secreto 261/75, que ordenaba al Ejército "neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos" en Tucumán. El blanco declarado era la Compañía de Monte "Ramón Rosa Jiménez" del ERP, un foco guerrillero que nunca superó los 150 combatientes. El despliegue llegó a movilizar a unos 5.000 efectivos.
Pero el monte fue apenas la vidriera. El comando táctico que Vilas instaló en Famaillá montó en una escuela en construcción el primer centro clandestino de detención del país: la "Escuelita de Famaillá", por la que pasaron más de 1.500 personas secuestradas. Allí se ensayó, un año antes del golpe, la metodología completa del terrorismo de Estado: secuestro, tortura sistemática, ejecuciones sumarias, desaparición de cuerpos. Los especialistas coinciden en llamar a Tucumán el "laboratorio" de lo que vendría: en octubre de 1975 los decretos 2770, 2771 y 2772 extendieron el "aniquilamiento" a todo el territorio nacional, y en diciembre Vilas fue reemplazado por Antonio Domingo Bussi, que tras el golpe sumó a su prontuario la gobernación de facto de la provincia. La mayoría de las víctimas no fueron guerrilleros: fueron obreros del surco y del azúcar, estudiantes, docentes, delegados sindicales.
Pañuelos negros sobre la avenida
La inclusión de los "combatientes" en el desfile no cayó del cielo: la empujó una red de organizaciones que Data Clave sigue hace tiempo. En el centro está Asunción Benedit, viuda del capitán Francisco Lacal Montenegro —que "estuvo en el monte" durante el Operativo Independencia, según ella misma suele contar—, referente de Unión de Promociones en Bariloche, hermana del diputado libertario Beltrán Benedit y fundadora de Pañuelos Negros, la agrupación que eligió como estética la inversión siniestra del símbolo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Asunción no descansa y su hoja de vida militante lo certifica: referente de la fuerza política de Juan José Gómez Centurión en Bariloche, organizadora de protestas frente al SENASA, presencia infaltable en cada homenaje a Julio Argentino Roca y en las manifestaciones contra la comunidad mapuche de Villa Mascardi, donde llegó a celebrar la persecución y la muerte de Santiago Maldonado. Pero su cruzada actual es bastante más ambiciosa que conseguir un lugar en un desfile: pretende que la sociedad entera aclame a quienes fueron la mano ejecutora del genocidio y a sus líderes, muchos de ellos encarcelados por delitos de lesa humanidad, de quienes reclama la libertad lisa y llana. "Patriotas cautivos", los llama.
Asunción no está sola: la familia aporta la pata parlamentaria. Su hermano Beltrán Benedit fue el organizador de la expedición más escandalosa del lobby pro-impunidad: la visita de un grupo de diputados de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza en julio de 2024, donde los legisladores compartieron una amable tertulia con condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz, el "Ángel Rubio" que se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo.
La excursión no fue un rapto de curiosidad: como reveló Data Clave, venía precedida por las reuniones en la Fundación San Elías del sacerdote Javier Olivera Ravasi —hijo del genocida Jorge Olivera— entre abogados de represores, personal judicial y flamantes diputados libertarios, con intercambio de documentos y promesas de llevar al Congreso alguna forma de amnistía o indulto. El lobby había arrancado aún antes: a veinte días de asumido el gobierno, un grupo de esposas y hermanas de represores encabezado por Cecilia Pando reclamó por carta en el correo de lectores de La Nación el indulto de los presos para que pudieran pasar las fiestas en casa y hubo gestiones directas ante el entonces ministro Luis Petri. La difusión de las visitas —que expuso, de paso, las condiciones excepcionalmente privilegiadas de las que gozan quienes se autoperciben "muertos vivos"— dinamitó la vía legislativa. Fracasado el indulto exprés, la estrategia mutó: si no pueden sacarlos por la puerta de la cárcel, los harán entrar por la puerta grande del desfile.
En febrero de 2025, al cumplirse el medio siglo del Operativo Independencia, la Unión de Promociones hizo su primera aparición pública masiva con dos días de actos y desfiles propios en la capital tucumana, reivindicando el accionar de Vilas y Bussi. Entre agosto y septiembre de ese año consiguieron dos actos de reivindicación en la Legislatura porteña de la mano de diputadas de La Libertad Avanza: el 21 de agosto de ese año Rebeca Fleitas —la misma que al asumir su banca empapeló su despacho con panfletos de "Que vuelva el 2x1" y "Basta del curro de los DD.HH"— presentó a José D'Angelo, un militar retirado que publica libros negacionistas de la última dictadura, y el 10 de septiembre Lucía Montenegro organizó el agasajo a quienes actuaron en el Operativo Independencia, con reconocimiento especial para Benedit.
El 29 de noviembre pasado llegó el salto simbólico mayor: la marcha a Plaza de Mayo, con sus pañuelos negros, para reclamar la libertad de los condenados por delitos de lesa humanidad. En la convocatoria participó también la asociación tucumana FU.HE.N.AR., de "veteranos" del Operativo Independencia y de Malvinas, dirigida por Alfredo Manzur, procurador del Poder Judicial tucumano. Ahora, apenas siete meses después de aquella marcha, el reclamo callejero se transforma en protocolo oficial: los mismos actores, esta vez, dentro del desfile.
El clima de época los acompaña desde el Estado. La Secretaría de Derechos Humanos de Alberto Baños desguazó archivos y llegó a presentarse ante la ONU para negar los treinta mil desaparecidos. En diciembre de 2025 asumió en Defensa Carlos Presti, el primer militar en ocupar la cartera desde la recuperación democrática, hijo del coronel Roque Presti —jefe del área represiva de La Plata, señalado por el operativo en el que desapareció Clara Anahí Mariani—, que profundizó los seminarios castrenses de la llamada "memoria completa" dictados por reivindicadores de los represores presos, mientras su jefe de Gabinete, Guillermo Madero, visita asiduamente a los detenidos de Campo de Mayo a los que considera "perseguidos políticos". El desfile tucumano de los "veteranos" no es una anomalía: es la escenografía natural de esa política.
Dos puntas de un mismo lazo, otra vez
La paradoja es que este triunfo de la "familia militar" llega cuando sus dos padrinos políticos ya no se hablan. La disputa entre Milei y Villarruel tuvo al tema castrense como herida fundacional: la vicepresidenta, hija de un teniente coronel y militante histórica de la reivindicación de la "lucha contra la subversión", aspiraba a manejar Defensa y Seguridad, y Milei se las negó desde el primer día. Lo que siguió es conocido: agenda propia en el Senado, acusaciones cruzadas de traición, el saludo negado en el Tedeum del 25 de Mayo y una guerra fría que convirtió cada acto protocolar en un campo minado.
Lo notable es que, rotos los puentes, ambos compiten por el mismo electorado de uniforme. Milei responde con gestos cada vez más audaces —el spot oficial del 24 de marzo de 2026 que dedicó ochenta minutos a la "historia completa"— mientras Villarruel, que proyecta una candidatura presidencial con el padrinazgo de sectores ultraconservadores, capitaliza su historia personal como abogada de la causa castrense. Unión de Promociones, decepcionada de ambos porque ninguno indultó a sus "muertos vivos", aprende a cobrar en cuotas: si no hay libertad para los condenados, que al menos haya homenajes. El 9 de julio, con Jaldo de anfitrión ecuménico, presidente y vice podrían quedar sentados a metros de distancia viendo pasar, cada uno atribuyéndoselo, el desfile que ambos sembraron.
¿Acompaña la ciudadanía esta operación de blanqueo? Los números dicen que todavía no, pero que el terreno se erosiona. Según la encuesta nacional de la consultora Zuban Córdoba difundida en marzo de 2026, el 57,1% de los argentinos identifica el período 1976-1983 como una dictadura cívico-militar que ejecutó un plan sistemático de desaparición de personas, y el 68,6% coincide en que fueron años de graves violaciones a los derechos humanos. Pero hay otro dato que explica el envión de los Pañuelos Negros: un 25,2% sostiene que aquello no fue una dictadura sino un "proceso de reorganización nacional" que enfrentó al terrorismo. Uno de cada cuatro argentinos. Es exactamente el relato que desfilará el 9 de julio.
Tucumán, además, tiene su propia historia de ambivalencia con sus verdugos: en 1995, en plena democracia, la provincia eligió gobernador por amplio margen a Antonio Domingo Bussi, el mismo que había comandado la represión del Operativo Independencia y la gobernación de facto. Y el precedente más directo del desfile que viene ocurrió en el Bicentenario de 2016, cuando "veteranos" del Operativo Independencia se colaron en el desfile tucumano y el escándalo obligó a las secretarías de Derechos Humanos de Tucumán y La Rioja a repudiar públicamente su inclusión. Hace diez años fue presentado como un descuido y hubo que dar explicaciones; hoy es parte del programa. La diferencia entre ambos momentos no la marcaron los desfilantes, que son los mismos: la marcó un gobierno que hizo de la reivindicación una política de Estado.
En tiempos aciagos del país, la secuencia es tan nítida que asusta: lo que en 2016 fue escándalo, en 2025 fue marcha tolerada y en 2026 será desfile oficial. Queda por ver si ese setenta por ciento que todavía sostiene el Nunca Más mira para otro lado cuando pasen marchando, al compás de la banda, los hombres del monte y de la Escuelita. Porque las fechas patrias también son un plebiscito silencioso: se celebra la Independencia, pero se desfila la impunidad.
